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Por: María del Carmen Ramón

(Tomado de Cubadebate)

Más allá de la batalla que lleva el país en materia de prevención y enfrentamiento a las indisciplinas y manifestaciones de corrupción, los problemas aún persisten, con un daño significativo para la economía y la sociedad cubana, así lo corroboró esta tarde la contralora general de la República Gladys Bejerano, al intervenir en la Comisión de Defensa Nacional, para presentar un informe acerca del comportamiento de las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa, reportadas en el 2015.

De acuerdo con la contralora, los hechos delictivos que ocurren en las organizaciones económicas ponen de manifiesto que las acciones desarrolladas para disminuirlos no tienen aún todo el efecto deseado, pues prevalece en algunas administraciones un ambiente de descontrol e impunidad.

Bejerano confirmó que se documentaron en el período daños en más de 132 millones de pesos moneda nacional, fundamentalmente con la motivación del desvío de recursos para la venta ilícita. Los hechos reportados tienen sus mayores incidencias en el MINAG, MINCIN y el Consejo de la Administración Provincial de La Habana. La capital cubana fue el territorio con mayor número de casos.

Como parte de una amplia presentación ante los diputados cubanos, detalló que los recursos más afectados en la mayoría de los sectores son los medios informáticos, el combustible, los materiales de construcción, las piezas y neumáticos.

La principal causa de estas manifestaciones es la falta de control, caldo de cultivo para incentivar a la gente a cometer la corrupción, insistió Gladys Bejerano, en un llamado que abrió el paso a la reflexión y el debate por parte de los integrantes de esta comisión de la Asamblea Nacional.

Entre algunos de los problemas encontrados, aludió que en muchas entidades no se toman las medidas establecidas, y que persisten malos hábitos, así como mucha falta de responsabilidad. Por ejemplo, dijo que hoy no hay un suficiente control del efectivo, cuando existen unidades que se pasan más de una semana sin depositar y no hay una reacción inmediata frente a estos incumplimientos.

Es preciso pensar, dijo, que el mayor número de implicados se concentra en el comercio, la gastronomía, y el sector agroalimentario.

Entre otros problemas mencionados, Bejerano llamó la atención sobre la excesiva demora que se está experimentando en el reporte de los hechos de corrupción administrativa detectados. De los analizados en el período, el 58 por ciento fue informado posterior a los 6 meses, mientras que un 13 por ciento después de un año transcurrido.

Terminada su presentación, no se hizo esperar la intervención de los diputados. “Desearía ver un análisis entre directores de bases sobre este tema, porque hay veces que esto lo hacemos entre las organizaciones políticas, las organizaciones sindicales o entre nosotros como diputados, pero el tema administrativo y por qué suceden esos hechos es necesario que se lleve a la base, dijo José Antonio Alonso.

Alonso insistió además en la necesidad de elevar el conocimiento informado de las personas. “Para elevar la vigilancia de la gente hay que darles información, y que esta sea información transparente. Hay veces que mantenemos  informadas a las personas pero no es una información transparente, que la haga dueño de los medios que tiene. Si usted no me da a mí la cantidad de combustible que tengo asignada por unidad y me lo desglosa  por vehículos, usted no me dice nada. No es informar por informar, sino hacerlo de forma transparente”, manifestó.

Por su parte, el diputado Pedro Luis Ezquivel enfatizó: “Tiene que ser el combate de todo el mundo contra todo lo que está pasando. ¿A dónde va  a parar lo que se roban?, al barrio, a la esquina, a la cuadra donde vivimos todos, y les puedo decir que no son todos los que salen al combate como Maceo con el machete en la mano.  Tiene que ser un combate inclusivo de todas las instituciones que están en nuestro país, unidas en el interés de erradicar esta problemática que es un flagelo para la sociedad”.

No puede haber espacio para la impunidad ante el delito en Cuba

En esta misma Comisión, el Coronel Idael Fumero Valdés, jefe del Departamento de Información y Análisis del PTI del MININT, presentó una valoración sobre los resultados del cumplimiento de las medidas dirigidas a incrementar la prevención y el enfrentamiento a las manifestaciones de indisciplina social, ilegalidades y el delito en el país.

Fumero declaró que en todo el territorio nacional continúa trabajándose de manera mancomunada para frenar los intentos de introducción y producción de drogas, punto en el que precisó que en el período se incrementó la detección de cultivos de marihuana  en zonas como Matanzas, Mayabeque, y Ciego de Ávila.

Igualmente, comentó que entre las principales ilegalidades a las que el país hace frentepersiste el interés de emigrados y extranjeros de introducir fondos ilícitos para invertir en el sector no estatal y en bienes, lo que se conoce como lavado de activos.

Otro asunto, estimulado por la Ley de Ajuste Cubano, tiene que ver con que operan en el escenario actual redes de tráfico de personas unidas por el interés de salir del país, dirigidas y financiadas desde el exterior, quienes han reacomodado su accionar con nuevas rutas en Suramérica.

Un tema que más de una vez ha provocado el malestar de los cubanos no fue perdido de vista por el informe presentado por el coronel. Se trata de la existencia de un mercado negro o subterráneo en el país, que deviene espacio para la comercialización de una amplia gama de productos bienes y servicios que muchas veces provienen del delito y el robo.

También Fumero llamó la atención en que conviven actualmente en el país diversas modalidades de juegos prohibidos, como las carreras de auto, peleas de perro, y lidias ilícitas de gallos, sin que exista una cohesión clara de hacia donde tenemos que trabajar todos mirando en común.

Son temas que demandan una mirada pausada, pero que sobre todo exigen un mayor enfrentamiento ante la ilegalidades y delitos por parte de las diversas entidades y organizaciones que integran nuestra sociedad, para evitar que la corrupción y el delito hagan metástasis en Cuba. En ello coincidieron los diputados de la Comisión Defensa Nacional.

 

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